Emergencia alimentaria: organizaciones reclaman ayuda estatal para sostener los comedores
Movimientos sociales que administran comedores barriales adherirán a una jornada de protestas bajo el lema “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más”.
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) en el país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas: en cada uno comen hasta 300 familias por día y varios -principalmente los que no reciben asistencia de gobiernos provinciales o municipales- tuvieron que discontinuar sus actividades este año. A través de conferencias en todo el país, los movimientos sociales que gestionan estos comedores anunciaron este jueves una jornada nacional de protesta para el viernes 23 de febrero “con 500 cortes” de rutas y accesos, bajo el lema “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. ¡Basta de ajuste!“.
Reclaman asistencia para comedores comunitarios, el descongelamiento de los salarios a partir de la intermediación en las negociaciones paritarias y la actualización de los montos del Potenciar Trabajo, que en este momento oscila en $75.000 mensuales. El Gobierno, a través de su portavoz presidencial, expresó una novedad sobre este programa: sus aumentos ya no estarán sujetos al salario mínimo y serán discrecionales, medida opuesta al pedido de los beneficiarios.
Emergencia alimentaria: las acciones del Gobierno en sus primeros meses
En la Argentina, el Gobierno nacional cuenta con nueve programas con presupuesto asignado -aunque atrasado, porque forma parte del presupuesto 2023– cuya centralidad son políticas alimentarias. En el mes de enero, sólo se ejecutó la partida de uno de ellos: el de la Tarjeta Alimentar, que con un desembolso de $132.347 millones tuvo un aumento del 306% interanual, superior a la inflación. No hay novedades sobre los otros ocho programas, entre los que se encuentra el de Complemento Alimentario, Comedores Comunitarios y Merenderos, Plan Nacional Contra el Hambre, Comedores Escolares, Acciones Focalizadas en Personas Celíacas.
“Desde que asumió la nueva gestión, no han enviado nada”, subraya Norma Morales, dirigente nacional de Barrios de Pie, que administra 3.000 espacios de cuidados comunitarios en todo el país y escogieron las rondas de ollas vacías frente a residencias de funcionarios (como el Hotel Libertador, la Quinta de Olivos, el country donde vive Luis Caputo) como forma de manifestación. “Empezamos a tocar fondo en diciembre, porque el gobierno anterior no fue regular con la entrega de mercadería”, sostiene y añade: “Vemos con mucha preocupación que no haya ninguna política pública que sea para contener o para abrazar al sector nuestro, sino todo lo contrario”.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, reconocen que el área se encarga de las partidas alimentarias a comedores pero respondieron a este medio que “no hay información” sobre iniciativas luego de la convocatoria de las organizaciones sociales para movilizar este viernes. El propio secretario -en sus redes sociales- anunció el Programa de Asistencia Directa a Comedores con el fin de “asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan” brindando “dinero de manera directa y efectiva a la gente y a los comedores, eliminando los intermediarios”.
“Es todo mentira“, responde Albornoz, quien considera que “hay una sospecha de que nos quedamos con plata pero lo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado era darnos mercadería de lo que denominamos secos (fideos, arroz, legumbres) para que cocinemos junto a otras gestiones que nosotros hacíamos para conseguir más alimentos”. “La realidad no es culpa nuestra: nosotras no decidimos las medidas económicas y no tenemos injerencia sobre esas decisiones que sí toma el gobierno de Milei“, recuerda.
Críticas a Sandra Pettovello por falta de respuestas a movimientos sociales
Representa un desafío para el Ministerio de Capital Humano lidiar con la arquitectura para sostener todas las áreas que la integra por la decisión presidencial de reducir carteras: la ministra Sandra Pettovello tiene bajo su órbita sectores como Trabajo, Educación, Cultura, Género y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre los rumores que plantean tensiones entre la funcionaria con Luis Caputo y el jefe de Gabinete Nicolás Possepor el congelamiento de fondos, las críticas ascendieron a trascendidos de renuncias mientras se le desconocen salidas del AMBA, aunque sí viajó al Vaticano a conocer al Papa Francisco.
Si hay un hecho icónico de su gestión fue el del 1° de febrero, cuando enfrentó a los manifestantes que reclamaban en la vereda del Ministerio de Capital Humano para decirles: “Los que tienen hambre vengan de a uno que les voy a anotar el DNI“. Días después, cientas de personas volvieron a concurrir al establecimiento en lo que se conoció como “ fila del hambre“, pero no fueron atendidos: la respuesta llegó a través de las redes sociales del organismo, que informó que “los comedores que soliciten fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes”. Las referentas consultadas por Ámbito afirman que no obtuvieron respuesta luego de completar los formularios digitales.
“No tenemos interlocutor ni con quién hablar: nadie nos dice nada. A nosotros nos angustia porque la vida común en el barrio sigue”, reitera Norma Morales y puntualiza que los primeros funcionarios que abrieron canales de comunicación renunciaron este semana: Pablo Rodrigué, de la Subsecretaría de Políticas Sociales, y Agustín Sánchez Sorondo, subsecretario administrativo de la Secretaría de Niñez y Familia. Otro rol clave lo ocupaba Jorge Maximiliano Keczeli, quien renunció en enero de su cargo como Presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y esta semana fue nombrado como titular provisorio del Instituto Nacional de Cine (INCAA).
“El Gobierno nacional tiene que comprar la mercadería y licitarla. Aún no ha hecho ese movimiento. La partida presupuestaria, aún con el presupuesto 2023, existe. La plata está y hay una partida que está comprometida Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por la que ellos tienen que comprar esa mercadería y entregarla”, expone Claudia Albornoz, en referencia a una línea de financiamiento que el actual Gobierno volvió a rubricar el pasado 8 de febrero por $20.000 millones. Una vez que el Ministerio tome la iniciativa de reactivar los programas alimenticios, tiene que iniciar el proceso de licitación y poner en funcionamiento el mecanismo de entrega de alimentos, lo que implica una demora de al menos medio año. “¿Vos pensás que la gente que tiene hambre hoy puede esperar seis meses?”, se pregunta la dirigente de La Garganta Poderosa.
Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano sólo difundió acuerdos con dos ONGs (Fundación Conin y Haciendo Camino) y dos instituciones religiosas (Cáritas y ACIERA). Es decir, intermediarios. Albornoz celebra la medida pero expresa que “no están en todos lados esas organizaciones. Los movimientos sociales están en 5.500 barrios populares de la Argentina”. En esa línea, Cáritas emitió un comunicado en febrero, rubricado por la Comisión Episcopal, en donde lamenta que “muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos” y pide por reforzar la unión de movimientos sociales: “Nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres”.
“El espanto y la necesidad nos vuelve a juntar a las organizaciones sociales de todo el país”, coincide Morales y destaca que “hoy la red comunitaria se pone en valor porque en los barrios se articulan entre distintas organizaciones del campo popular y las iglesias, para complementarnos y turnarnos para garantizar la comida con la posibilidad que tiene cada uno“. Este viernes, con acciones en todo el país, los movimientos sociales expondrán la coordinación que llevan adelante a diario para alimentar al 57,4% de la población de nuestro país.
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