Insólito: la Justicia prohíbe a los medios informar sobre Jorge Lanata
Así lo decidió el Juzgado Civil N°8, a pedido de la denunciada esposa del periodista, Elba Marcovecchio, acusada por las hijas de Lanata de “hurtar elementos de gran valor” de la vivienda que compartían.
“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, establece el oficio judicial que suma un nuevo escándalo al que ya está en curso, al coartar la libertad de prensa consagrada en la Constitución.
Caso Jorge Lanata: la respuesta de ADEPA a la censura impuesta sobre la prensa
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en tanto, rechazó la decisión del tribunal, aduciendo que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa“.
“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado“, añade la nota.
Para ADEPA, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”.
“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, agregó.
Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
