La recorrida se realizó entre las 10 y las 16, en un predio que depende de la Nación y se encuentra en los Talleres Ferroviarios. Un poco más de 600.000 productos se están analizando para saber si están en condiciones de entregar.
La Gendarmería Nacional realizó este sábado en Tafí Viejo un inventario de la mercadería que el Ministerio de Capital Humano tiene en un depósito que administra y que se encuentra en una nave de los Talleres Ferroviarios, de 22 hectáreas, cuya entrada se encuentra por avenida Independencia y Osvaldo Costello.El allanamiento se produjo en el marco de una denuncia contra la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que los alimentos no estaban siendo distribuidos y se encuentran inmovilizados desde diciembre del año pasado, con riesgo de vencimiento.Los gendarmes, que llegaron al lugar en dos camionetas, ingresaron al predio a las 10 y se retiraron a las 16. Efectivamente, constataron la existencia de más de 2,7 toneladas de productos alimenticios, entre los que hay aceite de girasol, aceite mezcla, lentejas, garbanzos, leche en polvo, puré de tomate, pasta de maní y yerba mate. Del total, un poco más de dos millones, se encuentran listos para ser distribuidos, mientras que un poco más de 600.000 productos están en situación de laboratorio, a la espera de la autorización de parte de la autoridad de control de calidad para evitar que sean entregados en mal estado o vencidos.Durante la medida, confió una fuente a Ámbito, gendarmes y personal judicial recorrieron el depósito y extrajeron -de manera aleatoria- productos de los pallets para corroborar sus fechas de vencimientos y verificar la información que figuraba en el exterior de los fardos de alimentos. De acuerdo a datos aportados, los primeros productos vencerían en septiembre, entre ellos, leche en polvo.La medida fue ejecutada por orden del juez federal de Tucumán, José Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, en la causa “Pettovello Sandra s/ incumplimiento de deberes de funcionario”, que se inició el pasado 28 de mayo, a partir de una denuncia formulada por organizaciones sociales nucleadas en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.
