Tras la reunión con gobernadores, Francos adelantó que modificarán la reforma a Ley de Pesca

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Gobernadores y las industrias pesquera y naval advirtieron que la reforma propuesta por el gobierno de Javier Milei en Ley Ómnibus destruirá miles de puestos de trabajo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó este jueves que se realizarán “clarificaciones” a los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan a este proyecto de ley para tener un proceso de pesca más claro”, dijo Francos esta tarde en rueda de prensa en Casa de Gobierno, luego de reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Luego de reunirse por más de 40 minutos en las oficinas del Ministerio del Interior, Francos habló de una “sintonía” entre los interlocutores respecto de la necesidad de dar claridad a aspectos del articulado del proyecto que generaron rechazo tanto en la industria nacional pesquera como por parte de los mandatarios de provincias patagónicas.

Guillermo Francos, ministro del Interior

Guillermo Francos, ministro del Interior

“Ha habido dudas y los gobernadores y el intendente nos han traído la preocupación del sector y convenimos que el espíritu de la ley es muy claro. Está claro que las 200 millas son de pesca nacional, de buques con bandera nacional y está claro que hay que hacer algunas modificaciones para proteger la pesca nacional, con lo cual hemos estado hablando con el ministro de Defensa (Luis Petri) y con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich)“, señaló el ministro.

Francos dijo que “lo que pagan las pesqueras es una contribución muy pequeña” y puso como ejemplo a seguir las licitaciones realizadas por la provincia de Chubut para que se adjudiquen esas tareas “de manera transparente”.

El pasado martes, Torres junto a sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroarechazaron las modificaciones propuestas a la Ley de Pesca por considerar que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”.

Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, la competencia desigual en los cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

Tras en encuentro con Francos, el gobernador Torres dijo estar “conforme” con lo dialogado y que se lleva “la tranquilidad de que está garantizada la soberanía en las 200 millas”.

“En la redacción va quedar claro que no se va comprometer la soberanía”, enfatizó Torres, tras lo cual aclaró que se trabajará en una “mesa sectorial” para plantear temas “como las descargas de peces en puertos argentinos” y en la necesidad de “ponerle el cascabel al gato” para terminar con la pesca ilegal.

 

Reforma a la Ley de pesca: los puntos más controvertidos

1. Modificación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos.

Se deroga el artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922 que tiene el fundamento de generar empleo directa o indirectamente en suelo argentino.

2. Competencia desigual en la asignación de cupos de captura

En el artículo 27, también del Régimen de Pesca establece que se hará una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras sin tener en cuenta el historial de capturas de los últimos 10 años, capacidad de inversión y empleo, entre otros factores.

3. Eliminación de la obligatoriedad de contratar personal argentino

El artículo 40 de la misma ley establece que el personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con 10 años de residencia. A partir de ahora no será obligatorio teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no está alcanzado por los convenios colectivos de trabajo.

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