Reclaman la intervención de Cancillería

A todo esto, la Fundación Apolo reclamó la intervención de Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, al considerar que la imputación fue desproporcionada al no contar con una condena firme por el cargo de injuria racial.

Asimismo, la Fundación destaca la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento hizo gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue debidamente ponderada por las autoridades.

En ese sentido, se afirma que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual; por tanto, su posterior reacción sería descontextualizada, lo que invertiría los roles de víctima y victimaria.

El escrito también cuestiona el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de “ejemplaridad”, al difundir imágenes o mensajes en redes sociales oficiales, que reforzarían una lógica de estigmatización y “mano dura” incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La organización que dirige el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, subrayando que la Cancillería se encuentra habilitada para intervenir ante una persecución penal que no supera los criterios de razonabilidad o debido proceso.