Avanza la privatización de la Vía Navegable Troncal: tres gigantes del dragado presentaron ofertas
El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal y recibió tres ofertas de algunas de las principales dragadoras del mundo.
El proceso apunta a la modernización, operación y mantenimiento de esta traza estratégica, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino y de países de la región.
Cuáles son las empresas que presentaron ofertas
Según se informó, las propuestas corresponden a:
Jan De Nul
DEME
DTA Engenharia
Las tres firmas están consideradas entre las más importantes del mundo en materia de dragado e infraestructura marítima.
El pliego licitatorio fue elaborado con respaldo técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que garantizó estándares de transparencia y criterios de competitividad para la adjudicación.
Amplio respaldo institucional
La iniciativa contó con el apoyo de entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.
También expresaron su respaldo entidades del sector agropecuario como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, entre otros actores productivos y técnicos.
Cómo sigue el proceso
La licitación se estructuró en tres sobres:
Evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera.
Análisis del Plan de Trabajo con sistema de puntajes.
Oferta económica, con mayor ponderación para asegurar la tarifa más baja posible.
Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión por 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares.
El objetivo central es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino.
