“Un amargo recuerdo”. Bernardo Salduna repasa lo vivido el 23 de enero de 1989, cuando el MTP atacó el cuartel de La Tablada

Corría el mes de enero de 1989, último año de gobierno de Alfonsin. Me desempeñaba, por entonces, como Diputado Nacional por Entre Ríos de la UCR. Como es habitual, el mes de enero es de forzado receso de la actividad parlamentaria, a más que casi nunca pasa nada importante en política. Me encontraba con mi familia pasando unos días de vacaciones en Uruguay, cuando me sorprendió el imprevisto llamado al hotel -no había celulares entonces- de un secretario del Congreso, en nombre de Chacho Jaroslavsky, presidente de nuestro bloque, indicando que “todos los diputados debíamos viajar de inmediato a Buenos Aires, porque ocurría algo muy grave”.

Por ese tiempo padecíamos una seca muy prolongada qué arruinaba cosechas; el Banco Central ya casi no contaba con divisas para sostener el dólar y parar la explosión inflacionaria que se preveía (se había pedido asistencia financiera a Estados Unidos, pero Domingo Cavallo, futuro Ministro del ya casi electo presidente Menem aconsejó que no hubiera un dólar para el gobierno argentino).Un accidente en la central eléctrica dejaba sin luz, en pleno verano, a gran parte del país. Hacía poco se había producido un levantamiento Carapintada en el Ejército, liderado por el famoso coronel Seineldin, la CGT de Ubaldini amenazaba con su duodécimo paro general, etc. ¿Qué podía haber pasado , peor que todo esto?

Pero, a poco, fueron trascendiendo los detalles: un grupo subversivo de medio centenar de hombres y mujeres jóvenes, provistos de fuerte armamento, había atacado en la madrugada del 23 de enero el cuartel militar de La Tablada, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Entraron de sorpresa, camuflados en un camión de reparto de bebidas gaseosas, asesinaron a mansalva a tiros y con explosivos, a un suboficial y cuatro soldados de guardia (¡chicos de 19 años que cumplían con el servicio militar!). Balearon alevosamente al oficial a cargo de la Unidad, que intentó resistir. Se produjo un feroz tiroteo entre los atacantes y el personal del cuartel, apoyado por elementos de la Policía y de otros destacamentos castrenses que acudieron en auxilio.

En horas de la tarde, finalmente se logró recuperar las instalaciones, al rendirse los últimos sobrevivientes del grupo agresor. Cuando aún resonaban disparos, con toda valentía, se hizo presente en el lugar el presidente Raúl Alfonsin, quien recorrió el lugar escoltado por oficiales y soldados. El saldo trágico de esa jornada fue de más de cuarenta muertos: 32 atacantes, 9 militares, dos policías. Gran cantidad de heridos, algunos de gravedad (un suboficial perdió ambas piernas).

De la investigación se supo que el ataque había provenido de un grupo guerrillero perteneciente al llamado “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo, de actuación tristemente recordada en la década del 70. También participó una organización conocida como “Todos por la Patria”, en la que destacaba un abogado de apellido Baños y un cura tercermundista Raúl Puigjane. Su delirante objetivo era, al parecer, copar el Regimiento, para prevenir, decían, un nuevo alzamiento “Carapintada”, apoderarse de tanques y vehículos y marchar, en triunfo, hacia la Casa Rosada, acompañados por “el pueblo”.

Los guerrilleros que se entregaron o resultaron capturados fueron sometidos a la Justicia federal, que dictó variadas condenas para todos ellos.

Hoy día, sea a través de chicanas judiciales o indultos decretados por gobiernos posteriores, todos ellos están en libertad. Algunos, son invitados periódicamente a visitar escuelas, donde se les rinde homenaje y dan clases alusivas, doctrinarias a estudiantes y docentes. En cambio, el que sí está preso es el general Alfredo Arrillaga, hoy de 85 años, el militar que estuvo a cargo de la recuperación del cuartel. Acusado de “homicidio”, condenado a prisión perpetua en 2012, en el marco de “reapertura de juicios” durante la era kirchnerista.

Su defensa, con toda lógica, opuso el tiempo transcurrido, más de veinte años. ¿Prescripción? ¡no! ¡se trata de un crimen de lesa humanidad!. Pero, la “lesa humanidad” es la conducta de un Estado u organización que comete un crimen “en el marco de un ataque sistemático contra una población civil” ¿eso ocurría bajo un gobierno constitucional, de más que probada vocación democrática, como el de Raúl Alfonsin?

Parece que, para algún magistrado sí. Recuerdo haber leído que, al pronunciar la sentencia condenatoria al oficial que defendió un cuartel, de un ataque guerrillero, en plena Democracia “el público prorrumpió en aplausos”. Y el Juez, inclinando la cabeza, contestó “gracias”. Eso ocurrió en Argentina. En algunas cosas “el reino del revés”.