ATE se movilizó para exigir la reincorporación de contratados. Algunos tienen hasta 18 años de antigüedad y otros son delegados gremiales

La jornada de protesta se enmarcó en un plan de lucha definido en asamblea y tuvo como uno de sus ejes centrales la situación del Registro Único de la Verdad, donde se dieron de baja gran cantidad de contratos, por lo cual la protesta contó con el acompañamiento de organismos de derechos humanos.

También acompañaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y el Movimiento Social de los Trabajadores (MST).

En ese contexto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó que la medida “responde a un plan de lucha que definimos en asamblea por la situación del Registro Único de la Verdad y frente al desmantelamiento de las políticas de memoria, en un momento muy sensible, a días de cumplirse 50 años del golpe genocida en la Argentina”.

Reconoció que uno de los principales reclamos es la reincorporación de los trabajadores que quedaron desvinculados. “Planteamos la necesidad de la reincorporación de los trabajadores cesanteados el 31 de diciembre y también exigimos la urgente convocatoria a paritarias, porque hace meses que tenemos el salario congelado”, afirmó ante los medios.

El dirigente gremial advirtió que el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas. “Vamos a seguir planteando este esquema de lucha durante febrero, porque no hay alternativas para la provincia. Pedimos que nos convoquen con seriedad para discutir la pérdida salarial que venimos teniendo”, expresó.

Asimismo, Muntes enmarcó el reclamo en un contexto más amplio. “Es un año muy complejo, con muchas reformas en debate. Se habla de una reforma constitucional y sabemos que detrás de eso vienen la reforma laboral, la tributaria y, en la provincia, la reforma previsional”, alertó.

Preocupación por las políticas de memoria

Durante la movilización también participaron referentes de organismos de Derechos Humanos. El abogado Marcelo Boeykens, integrante del espacio multisectorial, explicó que el reclamo estuvo vinculado al aniversario número 50 del golpe de Estado. “Estamos reunidos como multisectorial de Derechos Humanos en el marco de los 50 años del golpe. Reclamamos por lo que consideramos un desmantelamiento del único organismo provincial dedicado a las políticas de Verdad, Memoria y Justicia”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia institucional del área. “No solo es el organismo donde se trabaja la identidad, la memoria y la justicia, sino que en estos 50 años es fundamental mantener viva la memoria. El Estado provincial y nacional tiene una obligación internacional para que hechos de barbarie como los de los años 70 no vuelvan a ocurrir, el Nunca más, que es un consenso democrático desde 1983”, sostuvo.

Reducción de personal

“Es un razonamiento muy liviano decir que el trabajo ya no era necesario. Mi tarea estaba dedicada a causas de lesa humanidad, y en abril hay juicios previstos. Aun si no hubiera causas en curso, la memoria es una obligación internacional del Estado, al igual que la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado”, expresó Boeykens.

Finalmente, detalló la reducción de personal que atraviesa el organismo. “Éramos ocho trabajadores, despidieron a cuatro y quedaron otros cuatro, de los cuales uno es personal de maestranza. Es imposible sostener cualquier tarea de investigación o trabajo serio con tan poca gente”, concluyó.

La lista de cesantías: hay delegados de ATE y trabajadores de hasta 18 años de antigüedad

Los decretos publicados a fin de año con la renovación de contratos dejaron afuera a decenas de trabajadores.

El diario Análisis realizó un relevamiento de algunos contratos no renovados por el gobierno provincial, organismo por organismo. La lista muestra situaciones de trabajadores de hasta 18 años de antigüedad y al menos tres delegados gremiales. Hay personas que atraviesan problemas de salud, que son sostén de familia y que tienen adultos mayores a cargo, entre otras situaciones.

La mala noticia se conoció a fin de año, con la publicación de decretos mediante los cuales se renovaban alrededor de 1.700 contratos temporarios y se excluía a decenas de personas.

Cabe resaltar que, salvo un par de casos, los trabajadores en cuestión ingresaron al Estado en los gobiernos de Sergio Urribarri (2007-2015) y Gustavo Bordet (2015-2023) y permanecieron en situación irregular durante años.

Ante las primeras quejas, desde el gobierno se explicó posteriormente que “no se trata de despidos” sino de “una decisión de no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”.

También se recalcó que sí se renovó el 94 por ciento de los contratos vigentes y se indicó que las decisiones se adoptaron luego de que cada ministerio hiciera un análisis caso por caso, con criterios de cumplimiento efectivo de funciones, responsabilidad, compromiso con las tareas y necesidad real del puesto.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio al cual están afiliados un gran número de trabajadores cesanteados, se realizó este miércoles una protesta en la cual, además de la recomposición salarial, se reclamó la reincorporación de la totalidad de los trabajadores, tres de los cuales son delegados del sindicato.

Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)

-Aguilar, Silvia Elizabeth: oficina central, contrato de servicio, 18 años de antigüedad. Tiene una hija y el esposo enfermo. Es afiliada a ATE.

-Morinico, Edelmira Paulina: Dirección de Catastro, 8 años de antigüedad. Tiene a cargo a su padre adulto mayor.

-Ulrich, María del Luján: Dirección de Catastro, 10 años de antigüedad. Ingresó con una pasantía en 2015 por convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, luego continuó con una beca del Instituto Becario y en abril de 2025 logró un contrato temporario que no fue renovado. Es sostén de familia y tiene una hija de 6 años. También afiliada a ATE.

-Noir, Silvina Carola: antigüedad de 6 años y 7 meses. Dirección de Catastro de la localidad de San José. También de ATE.

-Acosta, Héctor Rubén Darío

-Favre, Joaquín Alejandro

-Fumilla, Jesús Humberto

-Jaime, Erika Noemí

-López, María Gabriela

Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)

Residencia Educativa Negrito Manuel (Victoria)

-Giordano, Mónica Cristina (delegada de ATE)

-Zapata, Liliana

-Almada, Magdalena Beatriz

-Andino, María Rosa

-Sosa, Norma Beatriz

-Carrizo, Brian Alejando

-Ojeda, Roxana Patricia

Servicio Administrativo Contable

-Militello, Mariela Rosana: 8 años de antigüedad. Dos años con contrato de obra y desde 2020, con contrato de servicio.

Ministerio de Desarrollo Económico

Secretaría de Ambiente

-Balbuena, Edgardo Aníbal

-Benítez, Máximo Nicolás

-Barreto, Betiana Claudia

Secretaría de Industria

-Mesa, Gonzalo

-Palumbo, María Soledad

-Peralta, María Fernanda

Ministerio de Desarrollo Humano

Dirección de Turismo Social

-Televich, Débora Mariana: 7 años de antigüedad. Desde 2018 con contrato de obra y a partir de 2020 con contrato de servicio. Tiene dos hijas estudiantes y su pareja está desempleado. Es único sostén de familia. Es afiliada a ATE

Dirección de Economía Social<7b>

-Rodríguez, Alejandra: Ingresó con contrato de obra en 2012 y en 2013 pasó a contrato de servicio. Está haciendo largo tratamiento de salud.

Dirección de Turismo

-Cámara, Eric Elián Jesús: Tiene 10 años de antigüedad. 4 años con contrato de obra y 6 con contrato de servicio. Es padre de una beba de un año y único sostén de familia. Tiene a cargo a su padre de 79 años.

-Luján, Irene: 11 años de antigüedad (6 años con contrato de obra y 5 de servicio).

Gobernación

Imprenta Oficial

-Vázquez, Nadia Soledad: “Es madre soltera de dos hijos”, se indicó.

Dirección de Automotores

-Amaya, Ana Laura: 11 años de antigüedad. 6 con contrato de obra y 5 con contrato de servicio. Afiliada a ATE.

Dirección General de Mantenimiento

-Rosales, Sebastián Cantero: 4 años de antigüedad. Padre de dos hijos, sostén de familia.

-Warlet, Matías Alexis Ezequiel: 10 años de antigüedad.

Ministerio de Planeamiento

Dirección de Servicios Generales

-Ortiz, Fabián Oscar: 15 años de antigüedad.

Secretaría de Energía

-Ramírez, Diego Fabricio: es sostén de familia. Afiliado a ATE.

-Ugarte, Alejandro Francisco: es sostén de familia. Afiliado a ATE.

-Rodríguez, Luis Ramón: padre de tres hijos, afiliado a ATE

-Zamero, Jesica Solange Maricel: afiliada a ATE

-Poloni, Ana Laura

Obra Social de Entre Ríos (OSER)

Delegación Paraná

-Padilla, Silverio Germán

Delegación Paraná II

-Pratto, Leticia Dora

-Baglione, Gómez, Elina María del Luján

-Padilla, Cynthia María Sol

Secretaría de Modernización

-Quindt, Deborah Elizabeth: es delegada de ATE, es único sostén de familia y tiene dos hijos a cargo.

-Almada, Humberto Manuel: afiliado a ATE.

Dirección General de Informática

-Baridón, Agustín

-Rosa, Laura Gabriela

Consejo General de Educación (CGE)

-Bortagaray, Carlos: Escuela 86 Corrientes de la localidad de Caseros (departamento Uruguay), afiliado a ATE.

Secretaría de Justicia

Dirección de Derechos Humanos

-Jaureguiberry, Luis Daniel. Afiliado a ATE.

Registro Único de la Verdad

-Boykens, Marcelo Javier: afiliado a ATE.

-Méndez, Laura Cecilia: afiliada a ATE.

-Milocco, Alejandro: afiliado a ATE.

Este miércoles, organismos de Derechos Humanos marcharon junto a ATE para denunciar lo que califican como un “desmantelamiento” del Registro Único de la Verdad.

Desde el área que en la actual gestión encabeza la dirigente socialista María Emma Bargagna se negó “de manera enfática y categórica” el desmantelamiento y se precisó que no se renovaron tres contratos temporarios lo cual “no afecta el funcionamiento del organismo”. También se recalcó que “no se verán afectadas las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.