Caputo adelantó la decisión de dar de baja el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, lo que implica un riesgo para las obras de acceso a cloacas y agua en todo el país
El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo clave en la expansión y mejora de los servicios de agua potable y cloacas en Argentina. Esta medida, enmarcada en un plan de ajuste del Estado, afectará directamente a millones de argentinos que dependen de estas obras para acceder a servicios básicos de infraestructura sanitaria e implicará la pérdida de 230 puestos de trabajo especializados.El ENOHSA, con 61 años de trayectoria, fue una herramienta fundamental para llevar agua potable y saneamiento a las regiones más vulnerables del país, donde el sector privado no suele invertir. A través de su gestión, se ejecutaron obras cruciales en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y provincias con menores niveles de acceso a estos servicios. Actualmente, el 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable, y alrededor del 60% cuenta con sistemas de cloacas, cifras que varían considerablemente entre regiones, lo que hace indispensable la labor de este ente para cerrar la brecha.El anuncio de la disolución del ENOHSA no solo pone en riesgo la continuidad de proyectos en marcha, sino que también amenaza con un retroceso en los avances logrados en materia de salud pública y desarrollo social. El acceso al agua segura y a un adecuado sistema de saneamiento es fundamental para prevenir enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida, especialmente en comunidades marginadas.Desde la llegada de la nueva gestión, el personal del ENOHSA ya ha sufrido un recorte del 35%, afectando significativamente su capacidad operativa. La desvinculación de estos trabajadores no solo significará la pérdida de empleos, sino también de conocimientos técnicos esenciales para garantizar la sostenibilidad y calidad de las obras.El ENOHSA no solo ejecuta y supervisa obras, sino que también ofrece asistencia técnica a gobiernos locales, asegurando que los proyectos sean sostenibles a largo plazo. Su cierre representa un golpe directo a las comunidades que más necesitan estos servicios, aumentando la vulnerabilidad de miles de familias que podrían ver comprometido su acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias básicas.
